En marzo de 2007, se implantó en Barcelona un nuevo servicio de transporte público ecológico: el Bicing. Un año antes, la empresa pública municipal BSM había sacado a concurso la concesión del Bicing con un presupuesto base de licitación de 55 millones de euros, que le fue otorgada a la empresa de publicidad Clear Channel por una cifra inferior a la mitad del lícito. Para gestionar el servicio, ésta subcontrató a Delfín Group que, a su vez, contrató trabajadores y medios a través de las empresas CCB y Movement, todas ellas de publicidad.
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Desde que el Bicing se puso en funcionamiento, se han ido sucediendo un seguido de quejas por despidos improcedentes, por falta de condiciones laborales e higiénicas adecuadas o por desinformación sobre la toxicidad de los productos de limpieza de los grafitos de las bicicletas. Ante esta situación, yo me pregunto: ¿Cómo es posible que un servicio de transporte municipal esté gestionado por empresas de publicidad? Y, es más, dentro de un entramado de subcontrataciones que roza la ilegalidad, ¿quién se hace responsable? Esto parece un montaje maquillado para evitar que nadie se moje las manos
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